El Tribunal Supremo aprueba que Inditex revisara el correo electrónico de uno de sus empleados para despedirlo

La empresa descubrió que uno de sus trabajadores había recibido dos transferencias por valor de 50.000 euros de uno de sus principales proveedores. Este hallazgo levantó las sospechas de que el trabajador, que tenía la categoría de comprador y estaba en contacto continuo con proveedores, estuviera siendo sobornado por algunos de ellos.  

Para aclarar lo fundado de las sospechas, la empresa revisó su correo electrónico corporativo y obtuvo nuevas evidencias que le permitieron justificar su despido disciplinario; un despido que tanto el Juzgado de lo Social de A Coruña como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideraron procedente a pesar de las pruebas obtenidas a través del correo electrónico del trabajador.

En palabras del TSJ de Galicia, las pruebas obtenidas «ilícitamente» del correo electrónico del trabajador «[…] deben ser declaradas nulas y no pueden ser tenidas en consideración, a los efectos del fallo del litigio, […] pero dicha nulidad no puede abarcar los elementos probatorios anteriores a la realización de las inspección del correo electrónico, es decir, al hallazgo de los dos resguardos o justificantes de las dos transferencias realizadas por la empresa Prima Client Services Limited».

Sin embargo, en su sentencia de 8 de febrero, el Supremo no comparte este criterio y considera que la sentencia recurrida no sigue «la doctrina correcta» en lo que se refiere a la validez de los medios de prueba, algo que fundamenta, en primer lugar, en que la empresa dispone de una política de utilización de medios informáticos en la que se limita el uso para fines exclusivamente profesionales; segundo, en que las normas internas informan con claridad de que la empresa puede monitorizar la utilización de estos medios por sus empleados. El trabajador conocía estas normas y las aceptaba diariamente al acceder al ordenador que tenía asignado. En tercer lugar, el Supremo incide en que la revisión del correo no fue indiscriminada, sino que se limitó a buscar la información relevante para la investigación a través de los servidores de la empresa, donde se alojan los correos electrónicos; esto es, la empresa no accedió a ningún dispositivo particular del trabajador.

Se trata, además, de la primera Sentencia dictada en esta materia tras la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017; una Sentencia que exige ponderar los derechos e intereses en conflicto para «alcanzar un justo equilibrio entre el derecho del trabajador al respeto de su vida privada y de su correspondencia, y los intereses de la empresa empleadora». El Tribunal Supremo hace breve alusión a ella y concluye que la investigación de Inditex se llevó a cabo en estricta conformidad con los cánones constitucionales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y que las pautas sentadas por el TEDH coinciden en esencia con las del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo.



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