El Tribunal Supremo y el registro de la jornada

El pasado 7 de mayo de 2017, se publicó en el diario Heraldo de Aragón el artículo de opinión de Eduardo Isla, en relación a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ha concluido que las empresas no están obligadas a llevar el control de la jornada diaria de sus trabajadores de jornada completa. 

En dicho artículo se abordan los dilemas que entraña dicho pronunciamiento tanto en lo referente a su aplicación en el día a día de las empresas, como en relación a los procedimientos tramitados ante Inspección de Trabajo que no hayan adquirido firmeza.

A continuación de la imagen se publica el texto integro.

A pesar de los días transcurridos desde su publicación, sigue sin pasar desapercibida la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social (IV) del Tribunal Supremo que establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de su plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados.

De este modo, el Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de fecha 4 de noviembre de 2014, que obligaba a la Empresa a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realizara su plantilla.

En este sentido, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo afianza el criterio interpretativo mantenido en pronunciamientos anteriores, dictando una Sentencia no exenta de un controvertido debate interno, al contar con tres votos particulares (voto emitido por un magistrado que disienten del criterio mayoritario y que afecta al resultado final de la votación); integrados estos votos particulares por 5 magistrados de los 13 que componen dicho Pleno.

Así las cosas, este pronunciamiento no afecta a la obligatoriedad que rige respecto a la llevanza de registro de la jornada diaria de los contratos a tiempo parcial, ni a la obligatoriedad de la Empresa de llevar a cabo el registro de horas extras realizadas en cómputo mensual; del que deberá darse traslado a la representación legal de los trabajadores.

Ante este escenario, surge un gran dilema con respecto a la situación en la que quedan los procesos iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la Instrucción 3/2016 sobre Intensificación del Control en Materia de Tiempos de Trabajo y de Horas Extraordinarias, llevado a cabo desde marzo de 2016 hasta la actualidad, en los que se exigía a las empresas el registro diario de jornada de la totalidad de su plantilla.

En el supuesto de ser apreciado por Inspección de Trabajo y Seguridad Social el incumplimiento a tal exigencia, se ha extendido actas de infracción por la comisión de una infracción grave, sancionando con multas que oscilaban entre 626 euros y 6.250 euros.

Así, todo apunta que este dilema únicamente va a afectar a los procedimientos sancionadores que todavía no hayan adquirido firmeza; resultando complicado –por no decir imposible- que se dejen sin efecto aquellas sanciones impuestas que hayan adquirido firmeza.

Sin embargo, se abre un nuevo horizonte con respecto a los numerosos procedimientos sancionadores iniciados y que no son firmes, habida cuenta que la argumentación jurídica de dichas Actas de Infracción encontraban su sustento, entre otros fundamentos, en la Sentencia de la Audiencia Nacional, que ahora ha quedado revocada por la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.

De esta manera, cabe plantearse si Inspección de Trabajo y Seguridad Social acordará de oficio la anulación de las Actas de Infracción extendidas al respecto o si tal decisión la adoptarán los órganos competentes para conocer de esta materia en instancias superiores.

En caso de mantenerse las sanciones propuestas, la invocación de este nuevo pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo fortalecería la argumentación jurídica para la anulación de la sanción impugnada; siempre y cuando la causa que motivó las citadas sanciones fuese únicamente la falta de llevanza de los controles de registro diario de trabajadores con contratos de jornada completa. Por tanto, dicha Sentencia no podrá ser invocada ni en aquellos procedimientos sancionadores en los que la infracción imputada sea la falta de control de jornada diaria de los trabajadores a jornada parcial -quienes estarían obligados a dicho registro-, ni en los que la infracción imputada sea por la falta de llevanza del control mensual de horas extraordinarias realizadas –debiendo el empresario notificar tanto al trabajador en cuestión como a la representación legal de los trabajadores el cómputo mensual de las horas extras realizadas-.

En definitiva, volvemos al punto de partida en cuanto a la inexistente obligación de las empresas de llevar a cabo el registro diario de la jornada de trabajo de los contratos a jornada completa; si bien se abre una gran interrogante en cuanto al devenir de los procedimientos sancionadores que no hayan adquirido firmeza, quedando, como siempre, sometidos al discurrir del tiempo para dar respuesta de la duda que le surge a los empresarios, que aún tienen las puertas abiertas de los ulteriores recursos contra dichas sanciones.



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