Las personas jurídica no son responsables penales de los delitos contra los derechos de los trabajadores

El Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia del pasado 23 de febrero de 2017, alcanza la conclusión de que la legislación vigente no permite que una persona jurídica sea responsable penal por los delitos cometidos contra los derechos de los trabajadores, pero, en cualquier caso, ello no evita la responsabilidad, sino que la dirige hacia el autor material del delito.

Razonamientos jurídicos de la sentencia

En concreto, el artículo 318 del Código Penal indica expresamente que cuando los delitos contra los derechos de los trabajadores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores. Por tanto, en la medida en que el artículo 318 no hace remisión alguna al artículo 31 bis, artículo que recoge los delitos por los que se puede hacer penalmente responsable a una persona jurídica, la empresa no puede ser responsable penal de un delito que no está recogido en este catálogo.

En el caso concreto que enjuicia, el Supremo confirma la condena previa de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que consideraba responsable penal al administrador único de una empresa con diez trabajadores sin dar de alta en seguridad social, mientras que la empresa era declaraba responsable civil subsidiaria.

Como conclusión, el legislador no ha adaptado el artículo 318 a las modificaciones de las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, que fueron las que dieron lugar a la posibilidad de que las personas jurídicas fueran responsables penales, y, de hecho, la doctrina ha criticado frecuentemente que los delitos contra los derechos de los trabajadores no estuvieran incluidos en el listado del artículo 31 bis. Pese a ello, el Ministerio Fiscal apunta, en el supuesto de hecho, que la responsabilidad penal de la persona jurídica no condicionaría en ningún caso la de la persona física, ni viceversa.

 



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